El Ministerio del Trabajo publicó una guía que explica los cambios fijados por la reforma laboral (Ley 2466 de 2025) en los procesos disciplinarios. La normativa impone a los empleadores un estándar constitucional estricto para la terminación unilateral del contrato con justa causa, obligándolos a garantizar el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la contradicción y un trato digno. La circular advierte que los despidos que violen estas garantías mínimas serán ilegales. Asimismo, la cartera laboral activará células de inspección, vigilancia y control para investigar abusos, permitiendo a los trabajadores interponer quejas incluso de forma anónima para frenar la arbitrariedad en las empresas.

 El Gobierno oficializó la ampliación de la extensión territorial y la modificación del nombre del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona. Esta trascendental medida ambiental busca robustecer los mecanismos de conservación, reserva y delimitación de esta área protegida clave para la biodiversidad del país. La normativa ordena además transferir e inscribir los nuevos límites del santuario en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) en un plazo máximo de treinta días. Con este ajuste legal, la autoridad ambiental busca mitigar los factores de deterioro en el ecosistema y asegurar la preservación estricta de sus riquezas naturales.

El ministerio de Ambiente dio a conocer un proyecto de decreto que fija pautas estrictas para el ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá, buscando un equilibrio entre el desarrollo y la conservación ecológica. La norma, amparada en la Ley 99 de 1993, busca blindar los ecosistemas prioritarios, regular el uso del suelo rural y proteger el recurso hídrico de la región frente a la presión urbana. El articulado garantiza que los procesos de formalización urbanística en curso sigan su trámite vigente y exige asegurar el mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos preexistente. Asimismo, las autoridades ambientales y territoriales deberán salvaguardar los derechos de permanencia de las comunidades campesinas que habitan la zona.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto para reglamentar el Artículo 15 de la Ley 1931 de 2018, definiendo los plazos de corto, mediano y largo plazo para las contribuciones nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Este decreto establece que el corto plazo comprende cinco años, el mediano diez años y el largo plazo supera los diez años, alineándose con el Acuerdo de París y la Estrategia Climática de Largo Plazo nacional. Además, se crea un ciclo nacional de ambición climática, que busca garantizar el aumento progresivo de metas y compromisos para mitigar gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos climáticos, coordinado bajo la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC). Con ello, Colombia fortalece su compromiso internacional, asegurando una gestión ambiental coherente y sostenible que promueva la carbono neutralidad y resiliencia climática hasta 2050.

La CREG sometió a consulta pública el régimen de precios para el ingreso al productor, margen de distribución mayorista y minorista del combustible de aviación para motor tipo turbina. Mediante este proyecto, la CREG implementa un régimen de libertad vigilada que permite a los agentes de la cadena —refinadores, importadores, distribuidores mayoristas y minoristas— fijar libremente sus precios y márgenes, bajo la supervisión y exigencia de transparencia de la Comisión. Esta regulación busca fortalecer la competencia, asegurar condiciones eficientes y transparentes en la formación de precios, y promover la confiabilidad en el abastecimiento del combustible Jet A-1, finalizando así el régimen transitorio vigente y dando mayor claridad a la norma para facilitar la importación y comercialización en un mercado competitivo y regulado.

La CREG publicó un proyecto de resolución que busca determinar la estructura del precio del combustible de aviación para motores tipo turbina en Colombia, aplicable a toda la cadena de distribución, desde refinación hasta venta minorista. Esta iniciativa, que estará en consulta pública por 30 días, responde a la necesidad de garantizar eficiencia económica, competencia y transparencia en el mercado, alineándose con la normativa vigente y las políticas de transición energética. La resolución define componentes clave en la formación del precio, incluyendo ingreso al productor o importador, transporte, márgenes de distribución, impuestos y cargos por expansión y continuidad del suministro. Además, deroga el régimen transitorio previo y establece condiciones claras para la importación del combustible, fomentando un mercado competitivo y sostenible en línea con los objetivos nacionales de reducción de emisiones y desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación.

La CREG busca establecer la metodología para la remuneración del inventario mínimo obligatorio en almacenamiento operativo para refinadores e importadores, así como en almacenamiento comercial para distribuidores mayoristas de combustibles líquidos derivados del petróleo. Esta iniciativa pretende garantizar la continuidad y eficiencia en el abastecimiento del país, asegurando que los agentes de la cadena de distribución sean compensados por mantener dichos inventarios mínimos, tal como lo establece el Ministerio de Minas y Energía. La medida busca incentivar la adecuada gestión logística y operativa, contribuyendo a la estabilidad del sector y a la prestación eficiente del servicio público esencial de distribución de combustibles. El proyecto se encuentra en consulta pública por veinte días hábiles para recibir observaciones y comentarios de los agentes regulados y demás interesados antes de su implementación definitiva.

La ANM recordó a los explotadores mineros actualizar sus datos en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) antes del próximo 31 de mayo de 2026. La autoridad minera advirtió que este plazo es definitivo y no habrá prórrogas, por lo que quienes no realicen el trámite a tiempo quedarán suspendidos de la plataforma de forma automática. Esta medida busca garantizar la legalidad, la transparencia y el control en la comercialización de minerales en el territorio nacional. La ANM instó a los mineros autorizados a utilizar los canales virtuales habilitados para evitar sanciones, el bloqueo de sus operaciones comerciales y aglomeraciones de última hora.